13 de agosto 2009
Hoy se presentará ante la Corte Suprema de Justicia. "Este año habrá novedades", aseguró Lubertino.
El Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) hará hoy una presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) para expresar su apoyo al pedido de inconstitucionalidad de la ley de matrimonio civil que fue promovido por una pareja de mujeres.
“Apoyo el pedido de inconstitucionalidad para que la Corte efectivice la equiparación de derechos de las personas del mismo sexo que quieran casarse”, dijo a este diario la titular del organismo, María José Lubertino.
La CSJN debe expedirse sobre el caso de la pareja formada por Claudia Castro y María Rachid. La causa llegó al máximo tribunal tras un intento fallido de las mujeres de casarse en el Registro Civil de Buenos Aires y luego de que la jueza de primera instancia, María Bacigalupo, y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil no aceptaran el pedido de inconstitucionalidad.
La presentación del Inadi se da una semana después de un dictamen del procurador general de la Nación, Esteban Righi, donde se manifestó a favor de una respuesta a la situación jurídica de las parejas gay. “Ninguna solución sana ha de venir por la vía del desconocimiento de la realidad que viven estos conciudadanos”, expresó en el documento.
Para presentarse ante la Corte, el Inadi recurre a la figura del amicus curiae (amigo del tribunal). La figura permite a este tipo de instituciones intervenir en juicios en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general. Así, el Inadi, pese a no revestir la calidad de parte, emitirá sus fundamentos para que la Corte los considere en su resolución.
Argumentos. “El argumento más importante es la Constitución Nacional, que garantiza la igualdad real de oportunidades y de trato”, dijo Lubertino. Para la funcionaria, un pronunciamiento favorable de la Corte es fundamental para que luego esa posición se traduzca en una ley nacional.
–¿Habrá novedades este año?
–Sí, estoy absolutamente convencida. Están dadas las condiciones para que suceda, tanto a nivel judicial como legislativo.
–¿Y cuáles son las trabas?
–Creo que hay un consenso social de respetar la igualdad. Nos interesa que los prejuicios que tienen que ver con sectores religiosos queden relegados para garantizar la igualdad.
Antecedente
En el divorcio, la Corte estuvo antes que la ley
Fallo. La ley de divorcio se dictó en 1987. Pero la Corte Suprema de Justicia ya había dado el primer paso. En un histórico fallo de noviembre de 1986 (caso Sejean), declaró inconstitucional la prohibición de contraer nuevas nupcias y habilitó a una pareja para que vuelva a casarse. Por entonces, como hoy, el principal argumento en contra, de origen religioso, fue que una regulación de esas características iría en detrimento de la familia.
[Podés leer los comentarios en el Sitio web de La Voz acá.]
---
Pagina 12: Por el derecho a la igualdad
14 de Agosto 2009
El Instituto Nacional contra la Discriminación se presentó ante el máximo tribunal como amicus curiae, para aportar argumentación a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Planteó que al negarlo se viola un derecho humano.
María Rachid, la mujer que entabló un reclamo judicial para poder casarse civilmente con quien es su novia desde hace años, no está sola. A casi una semana de que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, aconsejara a la Corte Suprema que remitiera el tema al Congreso nacional, Rachid recibió apoyo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), cuya presidenta presentó ayer un escrito en calidad de amicus curiae. El recurso, habitual en procesos importantes, sostiene que no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo constituye una “violación continua de un derecho humano, en detrimento de un conjunto de personas en virtud de su orientación sexual”. “Es importante, porque se trata de un organismo del propio Estado el que nos está apoyando”, explicó a Página/12 Rachid, quien como titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) adelantó la intención de otras instituciones y juristas de presentarse en las mismas condiciones. Y no sólo eso: Rachid adelantó que, en lo inmediato, parejas de lesbianas y gays intentarán casarse civilmente en algunas provincias.
“La imposibilidad legal de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio –acción que evidentemente no presenta repercusiones perjudiciales frente a terceros/as ajenos/as al vínculo matrimonial– entraría en franca contradicción” con la Constitución Nacional, sostiene en un pasaje la presentación de Lubertino, quien retomó también la experiencia internacional en la materia para sustentar su posición. Entendido el matrimonio como derecho humano, y su imposibilidad como una vulneración de ese derecho elemental, la idea que subyace al impedimento pone en conflicto la noción de dignidad.
En “palabras de la Corte Suprema de Massachussetts –sostiene el texto presentado a la Corte Suprema argentina–, ‘sin el derecho de elegir con quien casarse, a las parejas del mismo sexo no sólo se les niega la plena protección que les brindan las leyes sino, además, se los excluye del acceso a toda una gama de experiencias como seres humanos’”. Actualmente sólo la ciudad de Buenos Aires, Villa Carlos Paz y Río Negro cuentan con leyes de unión civil; en Mendoza, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Jujuy y Chaco se han presentado proyectos de ley para sancionarla.
En diálogo con Página/12, Lubertino indicó que esa línea de argumentación busca exponer algo más profundo que la pelea por una serie de derechos económicos y patrimoniales. “Por empezar, se trata de poner en igualdad de condiciones a todas las familias. Nos parece interesante el argumento de que no se trata sólo de que merecen disfrutar de los mismos derechos que otras personas sino que también se trata de respetar y respaldar la misma dignidad para todas las personas. Porque en algunos casos hay quienes dicen que, si no es el matrimonio, se puede crear la unión civil, que da algunos derechos fundamentalmente económicos, pero no deja de ser un eufemismo. Queremos dejar sentada la idea de que los mismos derechos deben tener los mismos nombres.”
“Juristas reconocidos y profesores de Derecho de distintas partes del mundo en pocos días se van a estar presentando también como amicus curiae, también otras organizaciones”, señaló Rachid. De hecho, posiblemente entre ellos se cuente Andrés Gil Domínguez, un jurista cuyos textos, descontextualizados, fueron usados para fundamentar el rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo.
El Instituto Nacional contra la Discriminación se presentó ante el máximo tribunal como amicus curiae, para aportar argumentación a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Planteó que al negarlo se viola un derecho humano.
María Rachid, la mujer que entabló un reclamo judicial para poder casarse civilmente con quien es su novia desde hace años, no está sola. A casi una semana de que el procurador general de la Nación, Esteban Righi, aconsejara a la Corte Suprema que remitiera el tema al Congreso nacional, Rachid recibió apoyo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), cuya presidenta presentó ayer un escrito en calidad de amicus curiae. El recurso, habitual en procesos importantes, sostiene que no permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo constituye una “violación continua de un derecho humano, en detrimento de un conjunto de personas en virtud de su orientación sexual”. “Es importante, porque se trata de un organismo del propio Estado el que nos está apoyando”, explicó a Página/12 Rachid, quien como titular de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) adelantó la intención de otras instituciones y juristas de presentarse en las mismas condiciones. Y no sólo eso: Rachid adelantó que, en lo inmediato, parejas de lesbianas y gays intentarán casarse civilmente en algunas provincias.
“La imposibilidad legal de que dos personas del mismo sexo puedan contraer matrimonio –acción que evidentemente no presenta repercusiones perjudiciales frente a terceros/as ajenos/as al vínculo matrimonial– entraría en franca contradicción” con la Constitución Nacional, sostiene en un pasaje la presentación de Lubertino, quien retomó también la experiencia internacional en la materia para sustentar su posición. Entendido el matrimonio como derecho humano, y su imposibilidad como una vulneración de ese derecho elemental, la idea que subyace al impedimento pone en conflicto la noción de dignidad.
En “palabras de la Corte Suprema de Massachussetts –sostiene el texto presentado a la Corte Suprema argentina–, ‘sin el derecho de elegir con quien casarse, a las parejas del mismo sexo no sólo se les niega la plena protección que les brindan las leyes sino, además, se los excluye del acceso a toda una gama de experiencias como seres humanos’”. Actualmente sólo la ciudad de Buenos Aires, Villa Carlos Paz y Río Negro cuentan con leyes de unión civil; en Mendoza, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Jujuy y Chaco se han presentado proyectos de ley para sancionarla.
En diálogo con Página/12, Lubertino indicó que esa línea de argumentación busca exponer algo más profundo que la pelea por una serie de derechos económicos y patrimoniales. “Por empezar, se trata de poner en igualdad de condiciones a todas las familias. Nos parece interesante el argumento de que no se trata sólo de que merecen disfrutar de los mismos derechos que otras personas sino que también se trata de respetar y respaldar la misma dignidad para todas las personas. Porque en algunos casos hay quienes dicen que, si no es el matrimonio, se puede crear la unión civil, que da algunos derechos fundamentalmente económicos, pero no deja de ser un eufemismo. Queremos dejar sentada la idea de que los mismos derechos deben tener los mismos nombres.”
“Juristas reconocidos y profesores de Derecho de distintas partes del mundo en pocos días se van a estar presentando también como amicus curiae, también otras organizaciones”, señaló Rachid. De hecho, posiblemente entre ellos se cuente Andrés Gil Domínguez, un jurista cuyos textos, descontextualizados, fueron usados para fundamentar el rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario